Asoban refirió que la mora hasta julio de 2020 asciende a $us 485 millones, lo que explica el 1,97% del total, el mismo índice de 2019. Expertos advierten que el diferimiento de pago de créditos hasta diciembre pone en peligro la estabilidad económica y financiera.
En un contexto desfavorable por la pandemia del coronavirus y una economía nacional ‘estrangulada’ por presiones sociales y políticas, por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en Bolivia los bancos han reprogramado $us 932 millones. El monto equivale al 3,7% del total de la cartera que suma $us 24.570 millones a junio de 2020.
De acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), por los diferimientos realizados desde marzo de 2020, las entidades financieras postergaron los pagos de créditos a 900.000 clientes de los que un 53% corresponde a familias y un 47% a empresas. Sin embargo, pese a la pandemia,la mora es del 1,9%; el mismo nivel registrado el año pasado.
Los indicadores asoman después de que el Gobierno promulgara la Ley N.º 720 que en su artículo único modifica el parágrafo I de la Ley 1294 del 1 de abril de 2020 ‘Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos’, precisando que las entidades de intermediación financiera que operan en el país deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2020 a todos los prestatarios sin distinción.
Para este lunes 31 de agosto está previsto que el Ejecutivo presente la reglamentación de la mencionada norma, luego de la reunión del gabinete ministerial.
Para el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, este tipo de determinaciones afecta la cultura de pagos de los prestatarios que tomó dos décadas alcanzar. A su vez, reduce los recursos líquidos que ingresan al sistema bancario para colocar créditos. “Un sistema financiero que no cuenta con recursos frescos para ser intermediados a los distintos sectores de la economía, no puede aportar en la reactivación”, puntualizó.
No contar con liquidez periódica regular puede provocar, según él, un mayor deterioro de la cultura de pagos en instituciones que atienden nichos específicos.
Villalobos refirió que la mora hasta julio de 2020 asciende a $us 485 millones, lo que explica el 1,97% del total. Atribuye el crecimiento al último trimestre del año pasado, cuando el país enfrentó una crisis política y social que paralizó las actividades en varios sectores y la banca atendió caso por caso a los clientes, otorgando condiciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones.
Mencionó que la situación por la que atraviesan empresas y familias está repercutiendo en el sistema bancario, que por la normativa de diferimiento no está recibiendo los flujos de liquidez periódicos requeridos para colocar nuevas operaciones que permitirán a las empresas y familias reactivar sus actividades y preservar el empleo.
Referente a los efectos a mediano y largo plazo, el ejecutivo explicó que con el diferimiento se posterga la materialización de riesgos, como el aumento de la mora. “Se prevé que más adelante el sistema bancario registre aumentos de la cartera en mora, situación que repercutirá sobre el desempeño del sector”, exclamó.
La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) también expresan su preocupación por la norma sancionada a la que atribuyen criterios políticos y electorales que no toman en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional ni los potenciales efectos.
Creen que la determinación ampliará la crisis sanitaria y económica y pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país.
El presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, aseguró que la ley es “una ayuda” para los bolivianos que tienen problemas económicos por la pandemia.
Hace una semana, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, señaló que la norma está siendo revisada por su equipo económico. “El Gobierno siempre buscará los equilibrios”, dijo.
Un enfoque técnico
Desde el Banco Central de Bolivia (BCB), el director Alejandro Banegas, explica que el diferimiento automático y generalizado en los pagos de créditos hasta el 31 de diciembre de este año, puede traer más perjuicios que beneficios.
A su juicio, debiera estar únicamente diseñado para personas y negocios con problemas económicos. Sugiere constituir un fondo de reactivación económica que debe compensarse con financiamiento externo para no comprometer la liquidez y solvencia de los bancos y entidades del sistema financiero.
Banegas precisó que cuando se cierra un flujo de pagos crediticios también se corta otro flujo para la otorgación de préstamos. “Lo importante es no afectar la trayectoria creciente en la cartera de créditos, fuertes contracciones en el financiamiento hacia el sector privado podría profundizar la crisis económica y el escenario sería aún más complejo”, enfatizó, al advertir que los más perjudicados y con mayores riesgos de fragilidad financiera serían los bancos pequeños, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las cooperativas.
Otras perspectivas
Para el experto en banca Jorge Velasco, la buena salud del sistema bancario consiste en gestionar adecuadamente los riesgos que asumen (crediticio, liquidez, mercado) y resguardar y devolver los ahorros cuando el cliente lo solicite, garantizando así el buen funcionamiento de la economía sin perder la confianza como sector. “La confianza es ese pilar fundamental que hace posible una economía estable y una banca que cumple su rol a cabalidad. Los actores del ecosistema financiero aprecian y necesitan confianza”, expuso.
Anotó que el rol de los bancos es promover esa confianza, bajo reglas de mercado y cumpliendo la regulación establecida, donde los intereses políticos o medidas populistas deben mantenerse al margen.
Sin embargo, en criterio de Velasco, el anterior Gobierno impulsó normativas con tinte político que elevaron el riesgo de los bancos y disminuyeron su rentabilidad y capacidad de capitalización, promoviendo la concentración del 60% de sus carteras de crédito al sector productivo y de vivienda social con techos en las tasas activas, respectivamente.
Ahora cree que en el momento preelectoral que vive el país, algunos partidos políticos para ganar simpatía de potenciales electores promueven medidas riesgosas para el sistema financiero, sin tomar en cuenta la situación económica. Trajo a colación la aprobación del decreto para diferir los préstamos (capital e intereses) de la banca hasta diciembre, sin tomar en cuenta las consecuencias que esta medida puede ocasionar a la economía en su conjunto y a la solidez del sistema bancario.
Con esta medida, Velasco alerta que se difieren flujos que son fundamentales para mantener la liquidez del sistema bancario. Pero, además, apuntó que se afecta la cultura de pagos de los prestatarios, una conducta y educación que la banca y clientes han logrado construir en varios años y que hoy se pone en riesgo.
“Cualquier medida como la descrita, que no toma en cuenta aspectos técnicos del negocio bancario, puede traer consecuencias en la estabilidad económica-financiera del país, el grado de confianza de la población y el deterioro de la calificación internacional”, subrayó.
Para Jaime Dunn, consultor financiero internacional, aplazar de manera general a todos los deudores las cuotas de pago al sistema de intermediación financiera hasta diciembre, después de los diferimientos ocurridos de marzo a mayo, es altamente peligroso.
Cree que este nuevo diferimiento tiene un sesgo que expresa el actual contexto electoral de polarización política, lo que está lejos de promover el bien público mayor, sin importar las consecuencias negativas que se puede infringir en el sistema financiero, atentando la estabilidad económica del país.
A su juicio, ampliar los plazos de manera general e indiscriminada a todos los deudores, pone en peligro la liquidez del sistema financiero y puede desestabilizar y romper la confianza en el sistema de intermediación en su conjunto.
Remarca que se afecta el equilibrio de la ecuación ahorro e inversión y podría tener efectos complejos en la economía de todas las personas. “Si se debilita la liquidez en los bancos, los ahorristas pierden la confianza y eso eventualmente podría producir una corrida de los depósitos”, advirtió.
Extender y romper el flujo de pagos de manera politizada, desde la mirada de Dunn, hará que los bancos no puedan expandir los créditos, en una coyuntura en la que urge generar liquidez en la economía para afrontar la crisis.
El otro efecto dijo que irá por el lado de los ahorristas. ¿Cómo atienden los bancos los requerimientos de los ahorristas, si no reciben el retorno de los recursos intermediados?, recalcó, al exponer que entre marzo y mayo los bancos dejaron de recibir Bs 10.500 millones. “Las tasas de interés están subiendo por la falta de liquidez, lo que ocasionaría la caída de algunos bancos y el aplazamiento definitivo de la recuperación económica”, concluyó.
Compañías de seguros
A tiempo de exponer su preocupación por la ley que difiere el pago de créditos al sistema financiero nacional hasta fin de año, la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) pide no incluir en la norma las primas de seguros que cubren a los prestatarios de dichos créditos, ya que esto ocasionaría que las compañías del sector asumen estos riesgos, sufran la falta del flujo o iliquidez para el pago tanto de siniestros como de sus reaseguros.
El sector alude que al diferirse el pago de primas de seguros se pone en riesgo a los prestatarios que no contarían con la cobertura del seguro en caso de fallecimiento o en caso de daños a sus propiedades, limitando las indemnizaciones en caso de eventuales siniestros y alargando los plazos para el resarcimiento que establece la norma. ABA propone que se continúen pagando las primas de estos seguros para mantenerlos vigentes.
“Nos preocupa que la ampliación de pagos de los seguros que respaldan los créditos de desgravamen y garantías, queden sin cobertura durante la etapa de diferimiento, perjudicando a los prestatarios, haciendo lenta la reactivación económica de beneficiarios, asegurados o tomadores de los seguros relacionados con estos créditos, además del daño económico que se ocasionará al sector asegurador. Pedimos analizar a detalle el tratamiento de dicha norma”, afirma ABA.
FUENTE : EL DEBER
