El objetivo de la medida es aliviar el déficit en el pago de planillas que hay con las empresas constructoras que ejecutan trabajos.
El ministro Milton Claros informa sobre el decreto, ayer.
El Gobierno aprobó ayer un Decreto Supremo que dispone la creación de un fondo rotatorio de 700 millones de bolivianos para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Los recursos serán destinados al pago de contraparte de las gobernaciones en la ejecución de caminos.
“Es un decreto que hemos aprobado hoy (ayer) a favor de la ABC; este fondo rotatorio funcionará hasta fin de año”, informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, luego de la reunión de Gabinete en Palacio.
Precisó que el fondo tiene recursos remanentes por la ejecución de boletas y, en otros casos, contratos rescindidos, que luego serán repuestos, una vez que las gobernaciones paguen la contraparte que les corresponde en cada obra que es ejecutada.
Claros señaló que el objetivo de la medida es que de alguna manera se alivie el déficit en el pago de planillas que se tiene con las empresas constructoras, que ejecutan obras en el país.
Entre 2015 y 2017, las gobernaciones enfrentaron una reducción de sus recursos por la caída del precio internacional del petróleo, hecho que afectó en la cotización del gas natural e hizo que las regiones perciban menos recursos por transferencias.
Por ejemplo, en Tarija, el mayor dependiente de los ingresos de los hidrocarburos, varias empresas constructoras se declararon en situación “crítica” por falta de pago de los proyectos que ejecutan para la Gobernación.
En 2017, la Cámara Departamental de Construcción de Tarija indicó que desde hace dos años sufren un deterioro en el sector, por la falta de pago, y que al menos 90 compañías fueron afectadas.
En febrero de este año, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) demandó al Gobierno coadyuvar en la cancelación de deudas que tienen algunas compañías contratistas con sus afiliadas, hecho que genera el incumplimiento de obligaciones impositivas y laborales.
De acuerdo con el Decreto Supremo 25134, de 1998, los aportes de contraparte para obras viales corresponden a las gobernaciones departamentales donde se ejecutan los trabajos.
En su artículo 15 establece que “el aporte local comprometido en cada financiamiento será pagado por las prefecturas (ahora gobernaciones) del departamento correspondiente, con la recaudación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH). En caso de no ser suficientes, se utilizarán también los provenientes de las regalías departamentales; recursos del fondo compensatorio departamental y otros”.
Contratos a firmas nacionales
De forma paralela, el ministro Claros aseguró que las empresas nacionales están habilitadas para cualquier proceso de contratación y que no hay restricción.
“Nunca se prohibió a las empresas nacionales, se está cumpliendo el decreto aprobado recientemente”, enfatizó.
En febrero pasado, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia suscribieron un convenio, que tiene el objetivo de dar una mayor participación a las firmas nacionales en la ejecución de obras públicas.
Por ejemplo, ahora pueden acceder a contratos de obras de infraestructura millonarias que se dividirán por tramos y su participación en proyectos sube de 25% a 40%.
FUENTE: PÁGINA SIETE / LA PAZ
