Los privados instan a aplicar políticas económicas en consenso para mejorar el clima de inversión. Firmas del agro migran a Paraguay por inseguridad jurídica y falta de incentivos
“Al finalizar la presente gestión, podemos afirmar que, aunque la recuperación es lenta y desigual, la economía no está estancada y empieza a dinamizarse”. Así, el presidente de Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, recopiló el balance de desempeño sectorial.
En parte, anotó que esto se debe al esfuerzo conjunto entre el Gobierno y la ciudadanía para enfrentar la pandemia a través de la inmunización general, pero también al compromiso de miles de empresarios y emprendedores que, en medio de la incertidumbre, la parálisis de la economía y la caída de la demanda, siguieron produciendo e invirtiendo para que la oferta de bienes y servicios se mantuviera y los puestos de trabajo no sigan perdiéndose.
Barbery infirió que el sector empresarial del país demostró que tiene capacidad de resiliencia y adaptación a situaciones extremas; sin embargo, a su juicio, el desarrollo de su potencial necesita de condiciones mínimas de seguridad jurídica y estabilidad, que solo la pueden brindar las políticas públicas y una alianza sólida y comprometida con el sector público.
Con miras a 2022, cree que se debe privilegiar la agenda económica. “El Estado y la sociedad deben concentrarse en el crecimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo, como objetivos centrales y permanentes”, apuntó.
Si bien hay una decisión del Gobierno de sostener la inversión pública, Barbery indica que no es suficiente y allí el sector privado -el más importante generador de empleo-, puede contribuir de manera decisiva, pero precisa seguridad jurídica, claridad normativa e institucional y condiciones equivalentes a la inversión pública, además de incentivos, que le permitan desarrollar proyectos a largo plazo. “Esto es fundamental en el ámbito interno, pero también resulta clave para volver a atraer inversión extranjera”, expresó.
Un tercer aspecto prioritario en la construcción de la agenda económica, a decir de Barbery, tiene que ver con la recuperación plena, el fortalecimiento y la protección de la industria, la producción y la contratación de lo nacional. “Eso pasa por encarar una política consistente para disminuir el contrabando, generar alianzas público -privadas y priorizar el apoyo a la iniciativa privada boliviana. Esto se relaciona también con la eliminación de las barreras a la producción y la exportación”, vertió.
Con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia registró una variación acumulada del 9,36%, cifra que evidencia la recuperación de la actividad económica, luego de los efectos sanitarios, sociales y financieros que trajo la pandemia del Covid-19 y las medidas negativas de política económica implementadas por la administración gubernamental en 2020.
Clima de inversión
En criterio del gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, el sector empresarial privado necesita mayor certidumbre sobre la seguridad jurídica para sus inversiones y el futuro de la economía nacional.
Insta al Gobierno a generar medidas económicas, en articulación público-privada, para mejorar el clima de inversión en el país, que permita fortalecer la actividad formal afectada por la informalidad que bordea el 80% y que desincentiva y genera un entorno adverso que resta competitividad al mercado nacional.
Jáuregui repara en el contrabando, que, a su juicio, se constituye en un ‘gran’ mal para la dinámica empresarial formal en el país. Dijo que esta actividad ilícita alcanza un movimiento anual estimado en $us 3.600 millones, que representa cerca al 9% del PIB nacional.
La CNC plantea la necesidad de construir una agenda de trabajo público-privada que permita mejorar el clima de inversión en el país. “Vemos la necesidad de gestar un nuevo sistema regulatorio para el sector formal de la economía, en los ámbitos financiero, tributario, laboral y sectorial, lo cual coadyuvaría en la sostenibilidad de las actuales inversiones en el país e impulsaría el ingreso de capital del exterior”, afirmó Jáuregui.
En el sector industrial, las perspectivas para 2022, a decir del presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, se cifran en la generación de un clima de inversión adecuado, donde prime el diálogo para solucionar las diferencias que se presenten y se evite la conflictividad político-social (paros, bloqueos, marchas) que restringen el flujo de las actividades industriales y comerciales.
En lo macroeconómico, Blazicevic cree que se debe intensificar la lucha al contrabando para que las arcas fiscales cuenten con mayores recursos y se reduzca el déficit fiscal. A la par, promover las compras de productos nacionales, tanto estatales como del sector privado, para generar mayor producción y empleo y ajustar las normas laborales a la nueva normalidad para desarrollar oportunidades de empleo.
La CNI estima un crecimiento del PIB industrial en 2022 en torno al 5%, el cual dependerá del grado de vacunación con esquema completo, la reapertura gradual de la economía en el contexto global, de la inversión y gasto público, y de un entorno con bajo o nulo nivel de conflictividad político-social.
Foco en gastos improductivos
El sector exportador nacional prevé que durante el primer semestre de 2022 se mantendrán las condiciones favorables de precios internacionales de materias primas.
A juzgar por el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Marcelo Olguín, se espera que, al término del primer semestre de 2022, se termine el shock generado por la crisis de la cadena de suministros y, que ello, implique mejores fletes en el transporte para la carga marítima.
Olguín insta al Gobierno a hacer foco en el déficit fiscal controlado, manteniendo una política que reduzca gastos innecesarios e improductivos y que promueva sinergias de inversión pública y privada.
Para la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), el Gobierno y el sistema político deben trabajar para generar estabilidad social el próximo año; de lo contrario se seguirán reproduciendo eventos que tendrán como consecuencia la sensación de desprotección a las inversiones.
La Cadex considera clave revisar las restricciones a las exportaciones de forma técnica y con la visión de contribuir a la reactivación económica con el fortalecimiento del sector exportador boliviano. Sugieren trabajar en la mejora de la productividad en todos los eslabones de las diferentes cadenas productivas, mediante el fomento al uso de tecnologías modernas y la facilitación de trámites.
Migran empresas a Paraguay
Desde de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el segundo vicepresidente Freddy García, refirió que uno de los mayores inconvenientes que afectó al sector es el trillado tema de seguridad jurídica, dado que en los últimos meses varios productores se vieron perjudicados por tomas de tierras, ataques con armas de fuego, secuestro de periodistas, policías y civiles.
Esta variable adversa, según afirmó, influyó lamentablemente en la migración de empresas cruceñas a Paraguay. “Allá cuentan con condiciones e incentivos a las inversiones y producción”, anotó García, al indicar que, como sector, esperan en 2022 contar con un ambiente favorable para producir y que las entidades estatales generen espacios propicios para el desarrollo e incentiven la productividad.
Exhortó al Gobierno hacer foco en seguridad jurídica, base para el crecimiento y desarrollo de la actividad agropecuaria. Además, de forma urgente permitir nuevas tecnologías y acceso a nuevos eventos en semilla y trabajar en la apertura de mercados internacionales, armonizando protocolos y combatiendo el contrabando.
Optimismo y entorno incierto
Desde el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), órgano especializado en temas de análisis económico dependiente de Cainco, ven un moderado optimismo frente a un entorno incierto, dado que persisten las incertidumbres: sanitaria (mutaciones del Covid-19), regulatoria (se han aplicado recientemente normas de forma arbitraria) y económica (se advierten vulnerabilidades en los ámbitos externo y fiscal).
Como desafíos, el Cebec plantea generar acercamiento y espacios de diálogo para coordinar y consensuar políticas públicas que incidan en un mayor crecimiento. “Es contraproducente descansar la carga de la recuperación económica en empresas e inversión pública. El sector privado produce más de la mitad de la actividad económica global, las exportaciones y el empleo”, apuntaron.
El Cebec sostiene que se requieren cambios estructurales en el marco normativo y fiscal, sin los cuales creen que no será posible un ciclo intensivo exploratorio necesario para afrontar reservas y producción en declive.
Proyección estatal
Con miras a fortalecer el aparato productivo, la industrialización e impulsar el crecimiento económico nacional, según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, el Presupuesto General del Estado (PGE-2022) prevé un incremento de la inversión pública, en comparación con 2021. Pasa de $us 4.011 a 5.015 millones.
Se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 5,1%, una tasa de inflación del 3,4% y un déficit fiscal menor al proyectado en 2021 del -9,7% al -8%.
De los $us 5.015 millones en inversión pública proyectados para 2022, un 42,5% se destinará al sector producción (energía, agropecuaria, minería, industria, hidrocarburos, turismo), un 29,9% a infraestructura (transporte, comunicaciones, recursos hídricos), un 17,2% al social (cultura, deportes, educación, salud, saneamiento, seguridad social, urbanismo y vivienda) y un 10,5% al multisectorial.
El presupuesto 2022 consolidado asciende a Bs 235.090 millones, mientras que el agregado llega a Bs 304.045 millones.
Déficit fiscal y endeudamiento repercutirán el próximo año
Para el analista económico, Jaime Dunn, el déficit fiscal, el endeudamiento interno y el empleo formal son variables que se deben mejorar. Citó que de 2006 a 2014 el superávit fiscal acumulado ha sido del 14%. De 2015 a la fecha el déficit acumulado supera el 60%. Es decir, “no solo nos hemos gastado todo el fruto de la bonanza, sino que encima hemos gastado cuatro veces más”, anotó el especialista.
Afirmó que el Gobierno ha incrementado el endeudamiento interno a los niveles más altos de la historia del país. En lo que va del año -refirió- se ha financiado Bs 12.000 millones adicionales, capturando recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A juicio de Dunn, estos recursos que deben fluir hacia el sector privado para reactivar la economía se destinan a financiar a las empresas estatales y al gasto público. “El déficit fiscal y el endeudamiento externo son una carga pesada que a partir de 2022 tendrá un efecto disminuyendo la inversión y el crecimiento económico”, vertió.
Dunn señala que Bolivia es uno de los países más informales del mundo. Recuerda que el 80% de la fuerza laboral y el 70% de las empresas son informales. “Es importante establecer políticas de empleos formales para que los trabajadores puedan tener protección legal desde el punto de vista laboral además de los beneficios sociales que corresponden para el trabajador y su familia”, apuntó, al relievar que se deben tener políticas laborales diametralmente opuestas a las actuales.
El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 es gigantesco, propio de un Gobierno estatista que pretende resolver los problemas solo sin la participación del sector empresarial privado, cuando deben trabajar juntos para poder salir de la crisis.
