Señalan que desde septiembre de 2019 no fueron canceladas las planillas en casi la totalidad de las obras públicas que las constructoras bolivianas realizan.
Manuel Filomeno / La Paz
El Estado y sus unidades ejecutoras en los niveles nacional, departamental y municipal adeudan al sector constructor más de 1.000 millones de bolivianos en planillas atrasadas, denunció ayer el titular de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz (Cadeco La Paz), Luis Bustillo.
“Tenemos reportes de empresas en Cochabamba a las cuales se les debe 340 millones de bolivianos; en Tarija las deudas llegan a los 450 millones de bolivianos, mientras que en Santa Cruz se deben cerca de 200 millones de bolivianos. Sólo sumando esas tres deudas se tienen casi 1.000 millones de bolivianos”, señaló el ejecutivo del sector.
El presidente de Cadeco La Paz agregó que, en realidad, el monto es mucho mayor, ya que no se conocen las deudas que tiene la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) con las empresas por las obras del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.
“Es casi imposible cuantificar las deudas, pero es mucho más de lo que podemos estimar por el momento, porque, por ejemplo, no conocemos de las deudas que tiene la UPRE con las empresas u otras instancias gubernamentales. De lo que estamos seguros es que el impago es superior a los 1.000 millones de bolivianos”.
Bustillo acotó que desde septiembre del año pasado no se cancelaron las planillas en casi la totalidad de las obras que las constructoras bolivianas ejecutan y que esta situación no es nueva, ya que en años anteriores algunas instancias estatales sólo cancelaban dos planillas anuales, cuando estas debían ser pagadas de manera mensual.
“A la fecha, desde septiembre no se han cancelado las planillas de ejecución de obras y en el transcurso de los anteriores años ha habido entidades que han cancelado dos planillas anuales, cuando los pagos, según norma, deberían ser mensuales”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Franklin Pérez, sostuvo que todo el costo financiero, laboral e impositivo que generan las planillas impagas es absorbido por las empresas constructoras, lo que las dejó, en muchos casos, en riesgo de quiebra, con la consiguiente pérdida de fuentes de empleo.
“Todo ese costo financiero es por cuenta del sector constructor, y en un momento se han acabado los recursos y ya no podemos acceder a créditos; por lo tanto, debemos recurrir a la venta de equipos. Estas son situaciones que ponen en riesgo nuestro patrimonio y han dejado a casi el 50% de las 16.000 empresas que tenemos registradas en problemas”, manifestó Pérez.
El presidente de Caboco apuntó que en el periodo 2018-2019, la generación de empleos del sector se vio afectada al pasar de 650 mil fuentes, a principios de 2018, a menos de 350 mil empleos a fines del año pasado.
Fuente: Pagina Siete.
